La Coca nuestra de cada día

Escribe: Álvaro Rocha Revilla

Esta es la historia de los impactos medio ambientales, sociales y políticos que ha causado el cultivo masivo de coca desde los años setenta del siglo pasado. Se hace necesaria una nueva estrategia para encarar este espinoso asunto social de una manera realista y no la meramente represiva que nos está metiendo en un callejón sin salida.

Durante muchos siglos el área que ocupaban los cultivos de coca se mantuvieron constantes. En 1964, había solo 16,360 hectáreas dedicadas a esta actividad en todo el Perú, de las cuales el 65 por ciento estaban en el Cusco, y un 35 por ciento en Huánuco. La Libertad y Ayacucho tenían cantidades mínimas, y San Martín simplemente no figuraba en las estadísticas*. Las plantaciones de coca tuvieron un crecimiento explosivo a partir de la década de los setenta.

Luego, en los maravillosos años ochenta, cuando las avionetas colombianas aterrizaban en la Marginal, con anuencia de Sendero y las fuerzas armadas, los cultivos de coca se calculaban entre 200 y 300 mil hectáreas**, superando ampliamente la oferta agrícola tradicional de la Amazonía, como el café, el maíz, el plátano y el arroz. El masivo sembrío de coca en zonas de fuerte pendiente que dan vida a las cuencas (que debían ser de protección estricta), tuvo graves repercusiones ambientales, pues a la deforestación le siguió la pérdida de suelos por erosión, extinción de recursos genéticos, inundaciones, reducción de los recursos hidrobiológicos, ausencia de carne de monte y leña, y un largo etcétera. Por sí sola la coca es responsable de gran parte de la deforestación en la Amazonía, especialmente en la selva alta que casi han borrado del mapa.

Desastre total
Empero, las hectáreas deforestadas fueron muchas más que las destinadas a sembríos de coca (en 1986 se estimaba que solo en el Alto Huallaga habían 195,000 hectáreas de este cultivo***), pues los migrantes andinos llegaban con sus familias y por lo tanto tenían que abrir chacras, cortando y luego quemando el monte, para tener productos de pan llevar.

Pero si el impacto de estas plantaciones en el medio ambiente era fuerte por la deforestación y posterior erosión de la selva alta (que tiene zonas de vida muy ricas pero muy frágiles a la vez), la fabricación de pasta básica de cocaína trajo consigo problemas aún mayores, porque a los fertilizantes químicos usados por los campesinos, los narcotraficantes agregaron millones de litros de kerosene y ácido sulfúrico, y decenas de miles de toneladas métricas de acetona y cal viva, que fueron a parar a los riachuelos de las partes altas de las quebradas, esterilizándolo completamente, para luego contaminar severamente los ríos: la pesca disminuyó drásticamente en el valle del Huallaga, incluso algunos peces era peligrosos para el consumo, igual que el agua que de pronto se convirtió en una amenaza para la salud.

En la época de Fujimori la extensión de los cultivos empezó a declinar, a pesar de los buenos negocios de Montesinos y del general Hermoza, gracias sobre todo a que el precio del alcaloide bajo sensiblemente en el mercado mundial. Según cifras oficiales de 94,400 hectáreas de coca en 1998 se pasó a 34,200 en el 2000, número que no ha variado mucho hasta nuestros días.

Sin embargo, las estadísticas oficiales tienen muchas deficiencias, evalúan las mismas zonas de siempre, y no averiguan sobre los numerosos sitios donde la coca se ha trasladado, esto se ve claramente en el cuadro elaborado por Cedro, en base a información proporcionada por Crime and Narcotics Center, donde no figura la provincia de Sandia en Puno, para dar un caso entre otras notorias ausencias. Las fotografías aéreas no pueden reemplazar a la verificación en el campo. El hecho es que la coca se ha dispersado, el precio está alto, y parece ser que las ordenanzas regionales no han hecho más que mostrar una verdad que se quiera tapar con un dedo: que la cantidad de cocales no está bajando sino subiendo.

Problema de oferta
Toda esta dispersión de la coca a otras regiones se originó cuando los gringos, con la venia del gobierno peruano de Fujimori, esparcieron hongos sobre las plantaciones del valle del Huallaga. Los aplastaron ahí, pero salieron disparados hacía varias zonas del Perú. Se hinchó de cocales el valle del Ene, la cuenca del Ucayali, Luya en Amazonas. En 1993 la DEA ya se había mudado de Tingo María a Pucallpa en un intento de control, pero luego el asunto simplemente se les fue de las manos. Incluso hace un buen tiempo se está sembrando en selva baja (tampoco figura en las cifras oficiales), aunque el contenido de alcaloide en esa zona geográfica es menor, lo que implica el riesgo que se tenga que deforestar más para obtener los mismos resultados.

Entonces de la represión absoluta de los noventa se trató de pasar a un campo más político aunque entendible: la sustitución de cultivos, que inicialmente pudo alentar ciertas expectativas, pero que nacía como un concepto cojo, no era parte de un andamiaje mayor, de un contenido ideológico. Y así lo sintieron también los campesinos, sabían que no había un respaldo detrás y, simplemente, para la coca no hay cultivos alternativos que puedan dar frutos en esas pendientes y con mercado seguro.

Como siempre, al fallar las buenas maneras sacaron el garrote: apostaron todo a la erradicación forzada. Y saltaron los conflictos sociales, porque al parecer, como dice el especialista Hugo Cabieses, estamos equivocando el objetivo: "el tráfico ilícito de drogas no es fundamentalmente un problema de oferta sino de demanda. Yo soy economista y a los economistas nos enseñan que es la demanda la que determina la oferta, sobre todo en negocios de alto riesgo como éste...Lo que debe hacerse es atacar los eslabones intermedios de la cadena. Es decir, no a los agricultores que producen la hoja de coca...y tampoco a los consumidores...de los países del norte o de nuestros países; sino a los que trafican con recursos químicos para producir la pasta básica y la cocaína, a los que lavan el dinero proveniente de este enorme negocio, y a aquellos que son sus gerentes"

Los mismos gringos saben que las cosas no están funcionando como deberían. Michael Shifter, vicepresidente de Diálogo Interamericano, señaló que "la política antinarcóticos no se encuentra entre los grandes éxitos de Estados Unidos". Y eso en parte es muy peligroso porque algunas alucinadas teorías que circulan en Washington podrían tener asidero, como la de reubicar a los campesinos cocaleros, como si fuera fácil mover a un millón de personas y además ¿adonde?, si ellos mismos viene huyendo de la falta de trabajo en la sierra, este es un problema social, derivado de la pobreza rural.

Desarrollo rural
Las ordenanza regional que, en el Cusco, legalizó la hoja de coca en los valles de La Convención, Yantile y Qosñipata, ciertamente causaron mucho revuelo, al punto que fue la piedra de toque que decidió la salida de los ministros Carlos Ferrero y Carlos Bruce, e introdujo a Fernado Olivera como ministro de Relaciones Exteriores. Lo curioso es que en este asunto hayan coincidido radicales dirigentes cocaleros como Iburcio Morales y Elsa Malpartida con nuestro flamante canciller.

En todo caso la crítica más seria a la ordenanza cusqueña dictada por Cuaresma ha partido del mismo Devida, donde advierten lo impropio que es legalizar valles y no a los agricultores empadronados. El congresista colombiano Guillermo Rivera ha declarado que "Esta ordenanza permitiría que se reproduzca el ciclo de los años 80". Mientras que el historiador Roger Rumrill pronostican que se vienen "ordenanzas regionales en cadena, no solo relacionada a la coca sino a otros temas".

A veces nos olvidamos que la coca no solo es de uso común -mediante el chacchado- en los Andes, sino que también tiene una presencia mágica: se utiliza en pagos a la tierra, para adivinar el porvenir, y en otras ceremonias. Forma parte de nuestra identidad como país. No se entiende como se acepta mansamente que la FIFA declare ilegal la presencia de metabolitos de coca en la orina de los deportistas, cuando basta tomar un mate de coca para dar positivo. Además como indica el doctor Jorge Sarango, de la oficina de control antidopaje de la Federación Peruana de Fútbol, "ingerir la coca como droga no da ninguna ventaja física, pero sí cuando es ingerida como hoja o mate ya que eso produce una estimulación cardiorespiratoria". Es decir, lo penado no resulta la cocaína sino la hoja de coca. Una cachetada a nuestra autoestima social que forma parte de una campaña muy fuerte para estigmatizar este recurso natural.

En parte, las ordenanzas regionales se han producido ante la ausencia de una ley de la coca, que este gobierno, empujado por las circunstancias recién empieza a debatir. Pero tan o más importante que la ley es empaquetar mejor el programa de cultivos alternativos, despojándolo de ese absurdo de la erradicación forzada, e incorporarlo en un proyecto de desarrollo rural sostenible (con suficiente tiempo para que se vean los resultados en producción y comercialización de los nuevos productos) que contemple interesantes inversiones en infraestructura cuyos costos -para que esto deje de ser un simple enunciado- deberían ser compartidos entre países productores y consumidores.

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