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Los
pueblos indígenas y la amenaza del desarrollo
Lotes
petroleros o gasíferos como en
Camisea, concesiones forestales y
colonización invaden sus últimas
fronteras, trayendo desapariciones físicas,
enfermedades, esclavitud, hambruna y
pobreza
Texto
por Pedro Lelis Rivera Chávez (*)
Fotos: Archivo CEDIA
 Constantes
amenazas se ciernen sobre la Amazonía
hace años. Los proyectos de
colonización dirigidos por el Estado
y la construcción de carreteras de
penetración para promover
su ocupación, han traído consigo la
pérdida de más de tres millones de
hectáreas de bosques y suelos en la
ceja de selva, en forma irreparable.
Pero lo que muy pocos saben es que
este proceso trajo consigo, también,
la desaparición física y cultural de
innumerables pueblos indígenas,
sometidos a trabajos forzados en
tierras lejanas, desarraigados de sus
familias y su cultura, forzados a
incorporar otras lenguas y patrones
culturales y a padecer enfermedades
para las que los chamanes indígenas
no tenían cura, mientras sus
territorios eran y son tomados para la
colonización o para la extracción de
recursos durante las tantas fiebres
extractivas, como con el caucho, la
balata, el palo de rosa, el paiche, el
manatí, las pieles y la madera.
Los Cholones del alto Huallaga, los
Remo, Sensi, Shetebo y Nahua en el
Ucayali, los Andoa, Orejones e Iquito
en Loreto y los Mashco y Toyeri de
Madre de Dios, son solo una muestra
del etnocidio y genocidio de pueblos
indígenas acaecidos en la segunda
mitad del siglo XX, apenas pasado.
Estos hechos que parecen historia
antigua son sin embargo tan actuales
como el Internet y lo sorprendente es
que suceden en un país como el Perú
que por su legislación sobre el tema,
ha sido considerado pionero en el
reconocimiento de derechos ancestrales
en el ámbito mundial.
 Las
licencias de la inversión extranjera
Mientras las comunidades nativas son víctimas,
todos los años, del despojo de más
de diez millones de pies talares de
madera por los madereros ilegales, en transacciones
dolosas a vista y paciencia de las
autoridades estatales y sin que estas
intervengan de oficio en la protección
de sus derechos, otras tantas son víctimas
de atropellos de hecho por parte de
empresas petroleras que contaminan sus
aguas, erosionan sus territorios,
ahuyentan su fauna de consumo,
atentando contra su sobrevivencia al
producir daños graves en bosques y ríos
que son la despensa alimentaria de
estas comunidades.
Los daños a la salud producidos por
la contaminación del río Pucayacu
con aguas de formación fueron
denunciados ante el Estado (Dirección
General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas) por
los indígenas del Consejo Urarina del
Río Chambira desde 1997, sin que este
realice las inspecciones ni conteste a
las demandas de los indígenas. El
2000, nuevas denuncias acompañadas de
análisis de agua que demostraban la
contaminación, llegadas a la Defensoría
del Pueblo en Iquitos, fueron
investigadas produciéndose un informe
defensorial que ordenaba, entre otras
cosas, compensar a los indígenas de
la cuenca por más de nueve años de
contaminación y el levantamiento
definitivo de la tubería. Entonces
Pluspetrol, responsable de la
contaminación, puso en marcha un plan
que, ignorando el debido proceso,
compensó a la Comunidad Nativa Santa
Cecilia de Pucayacu según su propio
criterio y dejó al resto de los
afectados en la misma situación de
siempre. El argumento fue que la
contaminación se produjo dentro de
dicho territorio porque allí
desaguaba el tubo, lo que quería
decir, según tal razonamiento, que
cuando el río había pasado los
linderos de la comunidad,
probablemente se descontaminaba solo y
no afectaba a los demás moradores de
la cuenca.
Los
indígenas en aislamiento voluntario
al filo de la navaja
Un futuro incierto se cierne entre los
indígenas en aislamiento voluntario a
raíz del otorgamiento de lotes
petroleros en diferentes áreas de la
Amazonía, principalmente en la selva
sur. El 80 por ciento del lote 88
entregado a Pluspetrol para la
explotación y producción de gas, está
dentro del territorio de la reserva
del Estado a favor de los indígenas
Kugapakori y Nahua, es decir 109 mil
318 hectáreas. Esta superficie a su
vez constituye el 24 por ciento de la
reserva en su conjunto, cuya
actualización superficial efectuada
el presente año por el Proyecto
Especial de Titulación de Tierras y
Catastro Rural (PETT) del que depende,
ha arrojado una superficie de 457 mil
435 hectáreas, ya que la superficie
anterior y original fue de 443 mil 887
hectáreas.
La reserva aludida no es un Área
Natural Protegida. Es una superficie
de propiedad ancestral de grupos indígenas
Nahua, y Kugapakori, que el Estado
reservó para que los pueblos que la
habitan tengan la garantía de que sus
territorios no serían usados para
otros fines que no sean los de
garantizar su subsistencia, con sus prácticas
tradicionales. En los primeros años
de la década del 80, fuimos testigos
de los primeros contactos producidos
entre miembros de la sociedad nacional
y los pueblos Nahua en la cuenca del río
Mishagua. Trabajadores trocheros de la
Empresa Petrolera Shell hicieron contacto no previsto con pobladores
Nahua que en todo momento han repelido
acercamiento de terceros. Luego, en
1983, se produjo un enfrentamiento
entre los ex trocheros de Shell para
entonces convertidos en madereros y
los Nahua. Algunos de estos últimos
fueron doblegados, tomados prisioneros
y llevados a Shepahua. En este pueblo
de mestizos, centro misional de los
dominicos y campamento petrolero de
Shell, se les hizo demostraciones de
afecto y les dieron regalos para
llevar, con el propósito de que
comunicaran a los demás nativos que
en retribución de todo aquello, deberían
dejar entrar a los madereros a sus
territorios para extraer la preciada
mercancía. Y es que el territorio de
los Nahua, gracias a su fama de
belicosos y celosos guardianes, se había
mantenido hasta entonces en situación
de inexplorado, a pesar del acoso de
los madereros de Sepahua, que siempre
miraron con apetito el territorio
Nahua por su riqueza forestal
maderable.
Este contacto forzado produjo a los
pocos meses entre febrero y abril
de 1983 una gran epidemia de gripe,
tos ferina y neumonías que hasta
agosto del mismo año produjo más de
140 víctimas mortales. Ocurrió
entonces una verdadera estampida para
huir de la enfermedad y de la muerte,
hacia los territorios del Parque
Nacional del Manu y Alto Madre de
Dios, dejando sus tradicionales
territorios a merced de los
interesados en el recurso maderero.
Estos movimientos migratorios duraron
casi tres años, antes de que
retornaran a sus territorios
ancestrales. Pero, para entonces, la
mitad de la población había
perecido. (1)
Acosados
por Pluspetrol
Por otro lado, las cuencas de los ríos
Camisea, Timpía y Ticumpinía, son
espacios eminentemente Kugapakori,
además de los asentamientos
Malankiato y Montetoni, del alto
Camisea, para quienes se viene
promoviendo acciones de reconocimiento
y titulación. Existen por lo menos
unos quince asentamientos más,
esparcidos entre la naciente del
Camisea, el alto Timpía y Ticumpinía.
Equivocadamente las autoridades
estatales y las empresas infieren que
por tener contactos esporádicos con
gente de afuera - que no pueden
evitar- no se les puede tratar como
población en aislamiento voluntario,
desconociendo así su alto grado de
vulnerabilidad.
Organizaciones indígenas y ONG han
abogado por excluir de las áreas de
la reserva toda actividad del proyecto
Camisea. A pesar de ello, Pluspetrol
efectuó operaciones sísmicas dentro
de la reserva de Abril a Septiembre de
2002, lo que ha implicado la
introducción de cientos de
trabajadores y gran despliegue de
embarcaciones fluviales y helicópteros,
los que han invadido sus territorios
de caza y pesca. Aunque la empresa ha
desmentido contactos forzados con indígenas,
lo cierto es que grupos Kirineri se
han alejado de sus asentamientos
tradicionales para evitar contacto con
gente extraña, y el ruido de
maquinarias. Esta misma razón lleva a
los Kugapakori de Malankiato y
Montetoni a mantenerse en condición
de refugiados en las zonas altas y
pobres del Camisea y en asentamientos
sobredimensionados de 250 personas
promedio, con recursos de caza y pesca
muy limitados, por lo que han optado
por internarse intensamente en el
Parque Nacional del Manu para realizar
estas faenas, puesto que en su propio
territorio existen muchos riesgos.
Las características actuales de los
asentamientos Kugapakori,
lamentablemente ofrecen todas las
condiciones para que enfermedades
mortales se diseminen rápidamente.
Por ello, si no se desarrolla con
urgencia un Plan de Salud adecuado ni
se concerta con las organizaciones indígenas
y expertos las medidas que permitan
disminuir drásticamente las áreas de
intervención de la empresa dentro de
la reserva, asistiremos nuevamente a
un dramático desenlace.
(*)
Antropólogo. Director General del
CEDIA
(1)
El CEDIA, como testigo de excepción
de estos hechos, aún cuando no
contaba con recursos económicos para
efectuarlos, decidió iniciar estudios
tendientes a sensibilizar al Estado
para proteger los derechos de estas
poblaciones que la burocracia
ignoraba. Sin embargo, la veracidad de
los estudios, permitió que después de
dos años de tramitación la Reserva
de los Pueblos Nahua y los Kugapakori
se reconozca y se haga pública
mediante la Resolución Ministerial
No. 0046-90- AG del 14 de Febrero de
1990. Esta gran Reserva Indígena es
de 443 mil 887 hectáreas. En el
transcurso de los 10 años de existencia, ha cumplido su
papel con muchas restricciones debido
a la falta de seriedad por parte del
propio Estado especialmente la
Dirección Regional de Agricultura de
Ucayali para hacer cumplir la norma
de intangibilidad de dichos
territorios.
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