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Tala ilegal: asháninkas abandonan sus territorios por amenazas de muerte

Como si se tratase de un desalojo injutificado, más de 60 hombres armados ingresaron a los territorios de la comunidad de Meantani, en Satipo (Junín) y, con armas en mano, amenazaron de muerte a los habitantes, echando de dicha zona a 25 familias asháninkas.

Así lo denunció la Central Asháninka del Río Ene (CARE), cuyo asesora legal Irupe Cañari dijo a Actualidad Ambiental que los hechos se iniciaron el  pasado 24 de enero, cuando llegaron los madereros ilegales. Esta fue constatada por la comunidad y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), que reiteraron la existencia de taladores ilegales en la zona.

En respuesto del atentado, se realizó un operativo en el bosque, logrando incautar cerca de 4 mil pies tablares de madera tornillo. Tras la intervención, la madera quedó en custodia de la comunidad hasta que las autoridades realizaran otra caso similar ocurrido en otro punto de la provincia, sin embargo esto no se dio debido a la presencia de los colonos armados que hicieron huir a las familias asháninkas.

Según las fuentes, el líder de este grupo de madereros sería  Abraham Taguada, conocido por realizar actividades de tala ilegal. Por su parte, detalló Care, los invasores argumentaron que pertenecían a la asociación “Señor de Lúren” y afirmaron que se encontraban tramitando un título de propiedad porque ellos vivían y trabajaban en el lugar.

La información fue desmentida por Irupé Cañari al mencionar que en el Gobierno Regional de Junín no existe ningún trámite sobre dicha titulación, así como la solicitud del permiso de tala, peri sí hay un trámite para que se reconozca a este lugar como territorio asháninka.

De todos los días

La CARE asegura que en la zona muchos colonos “forman asociaciones con el objetivo de adueñarse de territorios alegando que tienen años viviendo por estos lugares, cuando en realidad solo buscan invadir”. Eso sucedió con Menantani durante las décadas de Sendero Luminoso y el MRTA, una época en que los indígenas abandonaban sus hogares para mantenerse a salvo. Al acabar la violencia, en la zona quedaron remanentes senderistas y narcotraficantes.

“CARE espera que prime la seguridad, sobre todo la legalidad respecto al derecho de los pueblos indígenas. No vamos a permitir que las comunidades asháninkas sean violentadas una vez más por gente externa”, prometió Irupé.

El dato

La Central Asháninka del Río Ene hizo un “Llamado de Urgencia y Solidaridad” a la Sociedad Civil, además exige al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la PNP y el Comando Conjunto la intervención inmediata para resguardar la vida de los comuneros de la comunidad de Meantani, entre otros.

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Mariela Goyenechea

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