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250 mil hectáreas de bosque perdidas. No consumamos carbón de leña. Foto: Difusión
Ambiente

Desde el Congreso del Perú se promueve y legaliza la deforestación

  • El Congreso de la República aprobó, por insistencia, proyectos de ley que modifican la Ley Forestal y de Fauna Silvestre sin sustento técnico

La noche del jueves 14 de diciembre, el Congreso de la República decidió aprobar -por insistencia- los proyectos de ley 649, 894 y 2315/2021-CR, que modifican la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Con 70 votos a favor, 35 en contra y 5 abstenciones, el Parlamento modificó el procedimiento de clasificación de las tierras por su capacidad de uso mayor (CTCUM), lo cual permitiría legalizar actividades agrarias sin el sustento técnico necesario.

Foto: Difusión

Lo aprobado representa un retroceso en la lucha contra la deforestación, pues la norma legaliza la deforestación, vulnera el derecho a la consulta previa y va en contra de las regulaciones ambientales nacionales e internacionales.

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Solo hay que recordar que en 2020 la pérdida de bosques alcanzó una superficie mayor a 200 mil hectáreas y el 80% de este territorio fue destinado para la agricultura y ganadería, pese a que no eran tierras aptas.

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental se ha pronunciado sobre la eliminacion del procedimiento de evaluar tierras agrícolas aptas. El grupo ha mencionado que la norma también supone en riesgo para el desarrollo de la agricultura sostenible en la Amazonía: «Si se otorgan derechos sobre tierras en las cuales no se ha podido analizar su real potencial para realizar actividades agropecuarias, esto resultará no solo contrario al interés de la Nación de mantener el patrimonio forestal y de fauna silvestre, sino también para el agricultor a efectos de la rentabilidad de su inversión», señala la SPDA.

Deforestación Foto: Difusión

Por otro lado, autoridades como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Ambiente (Minam), el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) se han mostrado en contra de esta propuesta legislativa porque presenta el riesgo de afectar los bosques y las tierras forestales y de protección que forman parte del patrimonio de la nación.

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