El Congreso tiene hoy la oportunidad de blindar por ley la protección de las áreas marinas protegidas del Perú y frenar el avance de la pesca industrial en ecosistemas clave para la biodiversidad y la pesca artesanal.
El mar peruano atraviesa uno de sus momentos más decisivos. Mientras el país enfrenta crecientes desafíos ambientales, el Congreso de la República mantiene pendiente un debate clave: convertir en ley la prohibición de la pesca industrial dentro de las Áreas Naturales Protegidas marinas y marino-costeras.
No se trata únicamente de una discusión técnica o jurídica. Lo que hoy está en juego es la forma en que el Perú entiende la conservación de sus ecosistemas y el futuro de espacios emblemáticos como la Reserva Nacional de Paracas o la Reserva Nacional Dorsal de Nazca.
Desde el año 2001, el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas prohíbe con claridad la pesca industrial dentro de estas zonas. La lógica parece evidente: no tendría sentido crear espacios destinados a conservar biodiversidad y, al mismo tiempo, permitir actividades extractivas de gran escala capaces de alterar ecosistemas frágiles y únicos.
Sin embargo, durante los últimos años, esta protección ha sido objeto de cuestionamientos impulsados desde sectores vinculados a la industria pesquera. Recursos administrativos, procesos judiciales y controversias legales han buscado reinterpretar o debilitar una restricción ambiental vigente desde hace más de dos décadas.
El episodio más controversial ocurrió en 2021, con la creación de la Dorsal de Nazca. Aunque su establecimiento representó un avance importante para la conservación marina en el Pacífico suroriental, uno de los artículos del decreto supremo permitió la pesca industrial dentro de esta área protegida, generando una contradicción con la normativa vigente desde el 2001.
La situación no solo abrió un intenso debate ambiental, sino que además impidió que la Dorsal de Nazca sea reconocida plenamente bajo los estándares internacionales de conservación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Para especialistas y organizaciones ambientales, el precedente resulta preocupante porque podría replicarse en otras áreas protegidas del litoral peruano.
Y es precisamente allí donde aparece Paracas. Considerada uno de los ecosistemas más valiosos del país, la reserva enfrenta hoy el riesgo de convertirse en parte de una discusión donde conservación y actividad industrial vuelven a chocar.
En este contexto, el dictamen aprobado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Ambiente —que agrupa los proyectos de ley 5666, 6668 y 7157— busca incorporar el artículo 27-A a la Ley 26834, elevando a rango legal la prohibición de la pesca industrial dentro de las áreas naturales protegidas marinas y marino-costeras.
La propuesta busca cerrar vacíos legales y otorgar estabilidad definitiva a una protección que, hasta hoy, permanece únicamente en el reglamento.
Pero el debate continúa postergándose.
Y allí aparece una de las mayores críticas desde el sector ambiental: el Perú discute proteger apenas el 8% de su mar. El mínimo espacio que debería mantenerse realmente resguardado frente al avance de actividades industriales. Para muchos especialistas, resulta difícil entender cómo incluso ese pequeño porcentaje continúa generando resistencia política y económica.
Mientras tanto, el océano peruano sigue enfrentando sobreexplotación, presión pesquera y amenazas derivadas del cambio climático. En ese escenario, fortalecer las áreas marinas protegidas no aparece como un obstáculo al desarrollo, sino como una necesidad urgente para garantizar biodiversidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad pesquera.
Porque proteger el mar peruano no significa detener el desarrollo. Significa entender que hay ecosistemas que simplemente no pueden darse el lujo de desaparecer.
