- En abril pasado, Amnistía Internacional alertó sobre el creciente clima de hostilidad contra los defensores de la tierra en Perú y pidió al Estado redoblar esfuerzos y recursos para protegerlos y evitar la impunidad de la violencia y vulneración de derechos humanos que enfrentan.
Con información de EFE
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso ratificó este lunes la decisión de archivar la resolución ministerial que pedía garantizar la protección de los defensores ambientales a través del Acuerdo de Escazú, decisión con la cual el país se abstiene de ser parte del tratado multilateral.
La legisladora Ruth Luque lamentó en su cuenta de Twitter la decisión de sus colegas parlamentarios pues en su opinión «evidencia desconocimiento del Acuerdo de Escazú». «Una vez más dando la espalda a defensores ambientales y comunidades indígenas u originarias», expresó Luque.
¿Qué es el Acuerdo Escazú?
El denominado Acuerdo de Escazú, por el nombre de la ciudad de Costa Rica donde fue firmado en 2018, es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, que entró en vigencia en 2021 y tiene 13 Estados que han ratificado su participación.
La organización denunció la inacción de las autoridades peruanas para proteger a los defensores ambientales, garantizar la titulación de su tierra y frenar el avance de las actividades ilegales en sus territorios.
¿Por qué el Perú no protege a quienes cuidan nuestra naturaleza?
En ese sentido, Amnistía Internacional señaló en un comunicado de su directora en Perú, Marina Navarro, que, «al no encararse el crecimiento de actividades ilegales y sus delitos conexos», como la minería ilegal, la tala ilegal o el tráfico de tierras, «el problema se agudiza», especialmente en las selváticas regiones de Ucayali, Amazonas, Junín, Huánuco, Pasco, Madre de Dios y Loreto.
La organización aseguró que, a pesar de la existencia de instrumentos oficiales disponibles para atender las situaciones de riesgo que pueden enfrentar los defensores, la impunidad persiste frente a la violencia.
«Un paso importante es el Acuerdo de Escazú, que no debe esperar más para ser ratificado por el Congreso», manifestó la directora de AI en Perú, tras mencionar que se trata del primer tratado vinculante que incluye medidas específicas para proteger a las personas defensoras de los derechos ambientales.
