Los desafíos ambientales para Perú en el 2020

Temas pendientes como la Ley Orgánica de hidrocarburos o la ratificación del Acuerdo de Escazú no llegaron a concretarse durante el 2019. Ahora figuran en la agenda ambiental del 2020 y, en ambos casos, dependerán del nuevo Congreso de la República que será elegido el 26 de enero.

Otras temas ambientales que marcarán la agenda de este año están relacionados con los problemas de siempre: la minería y la tala ilegal. El destino o desenlace de la ‘Operación Mercurio 2019’ contra la minería ilegal en Madre de Dios, así como la implementación de un sistema de trazabilidad de la madera que no logró concretarse en el 2019, están también en la agenda ambiental del gobierno peruano de este año.

El mar también figura en la lista de los desafíos ambientales que debe afrontar el Perú este nuevo año, sobre todo porque está pendiente la declaración de dos nuevas áreas protegidas, así como la adopción de medidas para enfrentar la sobrepesca y la pesca ilegal en el mar peruano.

Saltando a ecosistemas de agua dulce, la polémica Hidrovía Amazónica también será una de las papas calientes que marcarán la agenda ambiental de este año. Mucho más ahora que el consorcio responsable del proyecto ha decidido dar marcha atrás con el estudio de impacto ambiental que presentó ante el organismo evaluador. Estos son los desafíos ambientales para Perú en el 2020.

1. Justicia ambiental: el Acuerdo de Escazú y las sentencias pendientes

En abril del 2019, Cristian Java, de 22 años, fue asesinado en la comunidad nativa La Petrolera, en la región Loreto. El líder indígena junto con otros integrantes de la comunidad se enfrentaba a un grupo de invasores que había ingresado al territorio comunal para extraer madera de forma ilegal.

La muerte de Java expuso, una vez más, el peligro que enfrentan los defensores ambientales en Perú —y en general en Latinoamérica, la región con mayor cantidad de crímenes a ambientalistas en el 2018—. Dos reportajes publicados durante el 2019 por Mongabay Latam también dan cuenta de las constantes amenazas a la que están expuestos los defensores ambientales en la Amazonía peruana.

“Se ha avanzado en visibilizar las amenazas, pero falta que se tomen acciones”, dice Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA). Menciona que durante el 2019 las amenazas también se han presentado contra funcionarios del Estado que trabajan en el proceso de trazabilidad de la madera.

Urrunaga señala que un desafío para el 2020 es que las instituciones que enfrentan la tala ilegal desarrollen sus protocolos y destinen presupuesto para proteger a sus funcionarios y enfrentar a las mafias. “Los funcionarios que son más firmes en aplicar las normas han recibido amenazas de muerte y algunos tuvieron que dejar el sector”.

Para Isabel Calle, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la protección de los defensores del medio ambiente se debe definir este año. “Se ha avanzado en el proceso, pero tenemos que tener un régimen de protección y regulación para los defensores ambientales”.

Calle también recuerda que está pendiente la ratificación del Acuerdo de Escazú, un compromiso regional por la defensa de esta población vulnerable en América Latina y El Caribe que busca promover los derechos a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia ambiental.

“Cuando hablamos del Acuerdo de Escazú hay que considerar que también nos referimos a defensores ambientales porque hay un artículo específico sobre cómo podemos garantizar la protección de las personas que defienden los derechos ambientales», dice Calle. La directora de la SPDA recuerda que el Ministerio de Relaciones Exteriores envió al Congreso de la República la sustentación para que Perú apruebe el acuerdo.

La ratificación de este acuerdo corresponderá ahora al nuevo Congreso peruano que será elegido en enero del 2020.

En el ámbito de la justicia, algunos casos emblemáticos podrían definirse este año. El procurador especializado en materia ambiental, Julio Guzmán, indica que las investigaciones de la fiscalía en el caso Yacu Kallpa han culminado completamente y que ahora esperan que se inicie la etapa de juzgamiento.

“Esperemos que la etapa de juzgamiento con sentencia se concrete durante el primer semestre del 2020. De tal forma que con [la] apelación, para diciembre del mismo año, tengamos las sentencias consentidas. Este caso es muy importante en materia de delitos forestales”, señala Guzmán.

En noviembre de 2015, la embarcación Yacu Kallpa, que transportaba madera de origen ilegal, fue intervenida como parte de la ‘Operación Amazonas’, un operativo que realizaron de manera coordinada la Fiscalía de la Nación, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR).

2. El mar peruano: compromiso con la biodiversidad

“Cerca del 30 % del pescado que comemos en el país se importa. Salmón, basa y otros como jurel y tiburón. Lo que se debe definir este año es para qué y por qué pescamos en el Perú”, dice Juan Carlos Riveros, director científico en Oceana.

Riveros señala que el 80 % de lo que se pesca en Perú se exporta. “No existe una política pesquera. Tenemos que saber qué queremos hacer con la pesca en el país. Luego de definirlo podemos pensar qué priorizamos y qué restringimos. Porque lo que ocurre ahora es que el empresario decide qué se hace con el pescado del Perú”.

Otro tema pendiente en el mar peruano es la trazabilidad. Un estudio sobre sustitución de especies presentada este año en Perú demuestra que en el país se venden especies prohibidas, en peligro de extinción, e incluso algunas que no son aptas para el consumo humano. Según esta investigación, hasta un 72 % de lo que se comercializa en mercados, supermercados y restaurantes corresponde a especies diferentes.

Joanna Alfaro, presidenta de ProDelphinus, considera que la trazabilidad de los recursos pesqueros es un tema pendiente del gobierno peruano. “Es un problema complejo, pero las pesquerías artesanales deben tener trazabilidad. Para el 2020 sería excelente contar con una hoja de ruta para definir cómo cumplimos con esta meta”.

La protección del mar peruano también es un tema pendiente que se arrastra desde hace varios años. La demora en la definición de áreas marinas protegidas como la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau nos aleja del cumplimiento de las Metas de Aichi sobre Diversidad Biológica cuyo plazo está previsto para este 2020.

El compromiso peruano era cubrir hasta el 10 % de su mar bajo alguna categoría de protección, un océano que hasta ahora apenas tiene un 0.4 % de área protegida.

El viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, Gabriel Quijandría, reflexiona sobre la deuda pendiente que tiene Perú en el establecimiento de áreas protegidas marinas, pero confía en que durante el 2020 se logre la creación de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, un sistema de montañas submarinas rodeadas por cinco millones de hectáreas que se convertirían en la zona protegida marina más grande del Perú.

“Trabajamos en la Dorsal de Nasca y hemos tenido una estrategia distinta a la que se tuvo con el Mar Tropical de Grau”, dice Quijandría, quien espera que hacia finales del primer trimestre el Perú cuente con esta nueva área protegida en el mar. De esta forma, aumentaría hasta en un 6.5 % el porcentaje de océano bajo protección en Perú.

En cuanto al Mar Tropical de Grau, el viceministro señala que se trata de un proceso complejo debido a la superposición de concesiones de hidrocarburos entregados en la zona. “Lo más complejo es asegurar que se cumplan con los derechos preexistentes en el área. La desconfianza ha impedido que el tema camine”.

 

3. Hidrovía Amazónica: los giros de un cuestionado proyecto

Diez días antes de que termine el año 2019, la Concesionaria Hidrovía Amazonica (Cohidro) —responsable del proyecto en la selva peruana— presentó una carta al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) en la que desistía de continuar en el proceso de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

En el documento, Cohidro responsabiliza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones por no  cumplir con entregar los estudios ecotoxicológicos como corresponde. Según el cronograma, Cohidro tenía como plazo hasta el 8 de enero de 2020 para levantar todas las observaciones que se habían presentado al estudio ambiental.

Expertos y ambientalistas señalan que además del estudio ecotoxicológico, el EIA de la Hidrovía Amazónica contaba con una serie de observaciones que en total sumaban alrededor de 400.

Para Jorge Abad, director académico de la Universidad de Ingeniería y Tecnología y experto en ríos amazónicos, los estudios realizados para el proyecto de la hidrovía no cuentan con información suficiente. Cita como ejemplo que no se midieron adecuadamente los sedimentos y que en el EIA se consideraban 13 zonas de dragado —remoción de sedimentos en el río—, mientras que el estudio de ingeniería consideraba 23. “Esto demuestra la falta de soporte científico del proyecto. El gobierno no ha entendido que todos los que levantan la alarma no están en contra de la hidrovía, sino que el proyecto tiene deficiencias”.

Además de las observaciones al estudio ambiental, una de las empresas integrantes de Cohidro, CASA, ha tenido cuestionamientos por pago de sobornos en Perú. Además, Sinohydro Corporation, otra integrante del consorcio, también ha sido cuestionada en obras ejecutadas en Ecuador. En ese país, la Contraloría encontró por lo menos 13 casos de irregularidades que van desde el incumplimiento de acuerdos en el contrato hasta fallas en la construcción de las obras. “Los cuestionamientos llegan de todas partes y eso es preocupante, sobre todo en proyectos grandes de infraestructura”, dice Abad.

Ahora, con la suspensión de la evaluación del estudio de impacto ambiental, el 2020 es un año crucial para que se defina el destino de este megaproyecto.

4. Amazonía: acciones contra actividades ilegales

El 19 de febrero de 2020 se cumple un año de la ‘Operación Mercurio 2019’, una intervención militar y policial en La Pampa, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, en la región Amazónica de Madre de Dios, que se ejecutó para erradicar la minería ilegal que se había instalado en este territorio considerado el más contaminado en Perú por esta actividad ilícita.

El general Luis Alberto Vera, exjefe de la Dirección Nacional de Medio Ambiente de la Policía Nacional, señala que para el 2020 se ha propuesto la recuperación de La Pampa con trabajos de reforestación y proyectos de educación y salud. “El plan es recuperar el área devastada de manera sostenible mediante un trabajo multisectorial”.

Vera menciona que existe minería ilegal en 24 departamentos del Perú en los que también se debe ejecutar labores de interdicción y realizar un trabajo sostenible. “El 2020 debemos tener presencia en Trujillo, Piura, Puno, Arequipa y Huánuco”.

Para el viceministro Quijandría el siguiente paso es consolidar la intervención en La Pampa y generar los mecanismos para actividades alternativas que valoren el bosque en pie. “La decisión del gobierno de entrar y quedarse es importante, pero es un proceso costoso. Por eso, frente al golpe en contra de las actividades ilegales se debe promover actividades compatibles con la sostenibilidad”.

Quijandría agrega que este proceso requiere un esfuerzo interinstitucional como involucrar a la unidad de inteligencia financiera. “Se debe encontrar a los que están financiando esta actividad. Hemos visto que el oro ilegal termina blanqueado a través de mecanismos formales”.

Para Julia Urrunaga, de EIA, otro tema prioritario en la Amazonía peruana en el 2020 es la lucha contra la tala ilegal, para lo cual es importante implementar la trazabilidad de la madera. “La prioridad es conectar la madera con el punto de extracción y verificar el origen legal del producto”.

5. Dos leyes pendientes: minería e hidrocarburos

En su mensaje a la Nación del 28 de julio, el presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo que se presentaría ante el Congreso la propuesta para una nueva ley general de minería. El objetivo es “brindar un marco legal claro a los inversionistas y ofrecer tranquilidad y desarrollo para todos”, añadió el mandatario durante su discurso tras recordar que la norma vigente tiene casi 30 años y que es necesario actualizarla.

Ahora, con el Congreso peruano cerrado desde el 30 de setiembre de 2019, corresponderá al nuevo Parlamento que se instalará este 2020 discutir la propuesta que presente el Ejecutivo.

Vanessa Cueto, de DAR, considera que la nueva ley de minería debe promover la transparencia en los procesos y no reducir plazos o acelerar los proyectos. “Se debe tener claro el respeto de las competencias y de la normativa ambiental. Algo muy importante es no debilitar los estándares ambientales”.

Gabriel Quijandría del Ministerio del Ambiente considera que Perú tiene que adoptar un nuevo concepto de minería del siglo XXI. “Necesitamos modernizar nuestro esquema legal. Tenemos una ley antigua que respondía a una realidad distinta. Solo la cantidad de capitales que se tienen ahora con respecto a las inversiones de inicios de la década del noventa —cuando se elabora la actual ley— son completamente diferentes. Estamos hablando de proyectos 20 y hasta 30 veces más grandes tanto en capital como en extensión y un potencial impacto”.

Quijandría también menciona que la nueva ley debe reconsiderar las causales para recuperar las concesiones mineras, pues actualmente es muy complicado para el Estado. “Es sencillo mantener concesiones mineras con fines especulativos”.

La modificación de la Ley General de Hidrocarburos también es un tema pendiente para el nuevo año. Su discusión en el Pleno del anterior Congreso se anunció más de una vez, pero no se concretó.

“Fue un proceso que se detuvo, pero en algún momento volverá la discusión. Se tiene que plantear una propuesta consensuada que incluya a las organizaciones civiles y los pueblos indígenas”, señala Cueto.

La especialista de DAR considera, además, que la discusión no debe estar enfocada en los hidrocarburos, sino en la matriz energética. “Cómo lograr una matriz energética sostenible es el tema que se tiene que discutir”.

Está pendiente también la remediación de los pasivos ambientales por los derrames de hidrocarburos ocurridos durante varias décadas. Por ahora, se ha comprometido 183 millones de soles en un fideicomiso para la remediación ambiental del Lote 192, fondo que servirá para atender el impacto de 32 sitios contaminados. Sin embargo, esta cifra aún es insuficiente para atender los daños ocasionados durante 50 años de explotación petrolera en la Amazonía peruana.