Sentado en el piso de tierra de su maloca, Óscar Machoa, de 67 años, corta unas hojas y las va colocando pacientemente sobre una olla calentada por leña. Sus manos firmes y ásperas fueron esculpidas por los años recogiendo plantas, construyendo sus casas, moldeando sus flechas.
Él es el curandero de la comunidad kichwa de San Carlos y el encargado de trasladar los saberes ancestrales al resto de sus vecinos en el cantón La Joya de los Sachas en la provincia ecuatoriana de Orellana, donde se encuentra parte del Parque Nacional Yasuní, uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta, que esta semana será el protagonista de un referéndum nacional sobre el futuro de las reservas de petróleo situadas bajo sus suelos.
Apenas escucha la palabra petróleo, su actitud paciente cambia. “No queremos que se extraiga nada. Recuerdo todas las cosas que nos prometieron y nada cumplieron”, dice con fuerza Machoa, cuando se traslada casi 60 años atrás y recuerda los inicios de la extracción petrolera en la zona, liderada por Texaco (en la actualidad, Chevron), donde fueron afectadas más de 2 millones de hectáreas de la Amazonía ecuatoriana a lo largo de casi 30 años de explotación.
MÁS RUMBOS:
“Ahí empezó nuestra pesadilla”, continúa Machoa. “Nos dijeron que utilizarían tecnología de punta, pero los derrames se volvieron muy comunes. Se contaminaron los ríos, murieron los peces, los animales, y nadie nos apoyó. Mis abuelos, mis padres, nosotros crecimos aquí. Por eso vamos a defender el Yasuní para nuestros hijos”.
Este domingo 20 de agosto, todo el país se enfrentará a dos votaciones: la elección del próximo presidente así como del parlamento (enturbiadas por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio), y también decidirá si se continúa con la explotación de los campos petrolíferos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), también conocido como Bloque 43, situado dentro del Parque Nacional Yasuní.
El curandero kichwa afirma estar decidido a votar “Sí” para bloquear su explotación, una postura compartida por gran parte de la población amazónica de Ecuador, aunque no de manera universal. A medida que se acerca la votación, la cuestión ha polarizado a algunos grupos indígenas, tanto cercanos como lejanos al propio Yasuní, reflejando antiguos debates sobre los beneficios y perjuicios de la extracción de petróleo y el alcance del apoyo estatal a las comunidades remotas.
Votos contra el petróleo
Los vecinos de Machoa en La Joya de los Sachas comparten su postura contraria a la extracción, afirmando que el petróleo no es necesario para mejorar sus medios de vida, Señalan que tienen áreas de conservación, lagunas, rutas de cataratas, y comunidades organizadas en torno al turismo rural comunitario, con lo que pueden obtener ingresos sin perjudicar su entorno.
Los pobladores plantean la cuestión de los derrames de petróleo cerca de los lugares de extracción. Uno de ellos señala que “se dan siempre, y no queremos más de eso”. Y no exageran. Según el Ministerio de Ambiente de Ecuador, entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de abril de 2022 se registraron 630 derrames de petróleo en territorio nacional. Casi un derrame al día.
A una hora de distancia de La Joya de los Sachas está el cantón Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos. Aquí las preocupaciones son las mismas.
“Toda la Amazonía ecuatoriana está invadida por petroleras que están hace medio siglo, y muy pocas personas le ponen interés a este tema. Así luchemos, las órdenes vienen de los que están en el poder, que nada van a hacer. Necesitamos a alguien que quiera hacer un cambio en serio”, reclama Sandra Aguinda mientras fríe sus plátanos y yucas que vende en la plaza central del pueblo.
“¿Acaso no podemos vivir de actividades que no afecten nuestro territorio? Los kichwas tenemos organizaciones, somos emprendedores, podemos hacer algo”, sentencia Aguinda mientras atiende a sus comensales.
Más al sur, en la provincia de Napo, cuna de kichwas, shuar y huaoranis, también reclaman la protección de su territorio.
“El Yasuní es parte de nuestra cultura. No queremos que se explote, queremos que se mantenga el aire puro en la tierra que nos dejaron nuestros ancestros. Si no cuidamos a la Pachamama, tendremos enfermedades y preocupaciones”, dice Janet Rivadeneyra, dirigente de la comunidad Shiripuno, a orillas del río Napo, que también denuncia el crecimiento de la minería ilegal. “Nuestra agua se está contaminando y nadie detiene esta minería que nos está matando”, concluye.
Apoyo al petróleo
Para otras comunidades de la Amazonía, sin embargo, el apoyo al fin de la explotación petrolífera en el Parque Nacional Yasuní ―y fuera de él― no es una certeza.
“Tenemos claro que hay comunidades en la Amazonía que van a apoyar a la industria petrolera, pues se benefician de trabajos precarios mal remunerados de las empresas. El Estado no llega y se ven obligados a aceptar”, dice a Diálogo Chino Fernando Muñoz Miño, coordinador nacional de articulación de Yasunidos, el colectivo que lideró la campaña a favor del referéndum para proteger a Yasuní y a su gente, que incluye a los tagaeri y taromenane, las últimas poblaciones indígenas conocidas de Ecuador en aislamiento voluntario.
Sea cual fuera el resultado de esta votación, Muñoz afirma que el Estado debe empezar a desarrollar “alternativas económicas reales para estas poblaciones”.
En el extremo oriental de la provincia de Orellana, dentro del Bloque 43, está la comunidad huaorani de Kawymeno. En este lugar que limita con Perú, así como en otros cantones más cercanos al ITT, están a favor de continuar con la explotación.
“Si no hubiese la industria petrolera, nosotros no hubiéramos tenido educación, salud, bienestar familiar”, dijo hace unas semanas a France 24 Panenky Huabe, presidente de la comunidad, evidenciando la ausencia del Estado en este rincón de la Amazonía.
La polarización de la población amazónica es analizada por Patricio Quinda, emprendedor dedicado a promocionar el turismo desde hace dos décadas en el Parque Nacional Yasuní, desde la provincia de Orellana. “La industria petrolera, a través de sus relacionistas comunitarios, entra a diversas comunidades para dividirlos, introducen dirigentes para que los apoyen en sus políticas y difunden su sistema de regalías con los que ponen a los pobladores a su favor”, denuncia.
Por su lado, Illa Grafa, dirigente de la comunidad Rucu Jumandy Kawsay, en el cantón Archidona, no está de acuerdo con la actividad en el ITT, pero también se pone en el lugar de las personas que piensan distinto.
“Cada sitio ve su realidad, pero el principal problema de todo lo que sucede en nuestras comunidades es que no hay trabajo. Por ejemplo, muchas personas se están dedicando al oro ilegal, que está dañando gravemente a nuestros bosques, pero no tienen alternativas”, explica Grafa.
“No debería de explotarse el petróleo, pero necesitamos los ingresos que genera”, afirma con preocupación y pena.
