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Exportación de aletas de tiburones ¿Quiénes estan detrás de este negocio?

  • Más de 150 toneladas de aletas de tiburón fueron exportadas al mercado asiático, entre abril de 2017 y octubre de 2021, con permisos que nunca debieron ser emitidos por las autoridades peruanas. Estos son algunos de los datos que se desprenden de los 158 permisos oficiales para la exportación de aletas de tiburón analizados por la ONG Oceana.

Por Mongabay Latam

Las amenazas que enfrentan los tiburones

Los tiburones están entre los animales marinos más amenazados del mundo.Por eso, varias especies están protegidas por la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Esto quiere decir que para poder exportarlas o importarlas se requiere de un permiso especial emitido por una autoridad CITES y que se obtiene tras cumplir una serie de requisitos que tienen como objetivo garantizar el origen legal del producto. Lo que se busca con ello es controlar y regular el comercio de esas especies para evitar que su supervivencia se ponga en riesgo.

Tiempo atrás la ONG Oceana analizó 158 de esos permisos entregados por el Ministerio de la Producción, que es la autoridad CITES en Perú, y encontró que en 98 casos las autorizaciones nunca debieron entregarse porque no se cumplían con los requisitos.Mongabay Latam analizó los 98 permisos en los que Oceana encontró irregularidades y que obtuvo mediante solicitudes de acceso a la información pública, para aportar nuevos hallazgos.

¿Cuáles son las irregularidades?

Cuando el Produce emite un permiso CITES debe verificar que el espécimen que se quiere comercializar tenga un origen legal. Para ello debe revisar todos los documentos y facturas que acrediten la ruta recorrida por el animal. Por lo tanto, en el caso de las aletas, el número que se quiere exportar debe coincidir con las especies y el número de tiburones que fueron desembarcados, transportados y procesados. Es así como cada permiso tiene un expediente que puede contener hasta 300 páginas entre certificados, actas de fiscalización, facturas y otros.

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Los 98 permisos observados que identificó Oceana Perú, y que obtuvo por transparencia, registaron 126 observaciones. Una de las observaciones más frecuentes, presente en al menos 47 permisos, es que no se contaba con el Dictamen de Extracción No Perjudicial (DENP). Se trata de un estudio científico obligatorio para la exportación de especies CITES y que permite determinar si la comercialización pone en riesgo su supervivencia.

Otros 43 casos presentaron certificados de desembarque  de tiburón (el documento que se emite en puerto y que acredita las especies que trae cada embarcación y las cantidades) “ruleteados”, es decir, que ya se habían utilizado en solicitudes de permisos CITES anteriores para exportar tiburones.

Otros permisos autorizaron la exportación de un volumen de aletas mayor a la cantidad de tiburones desembarcados. En algunos casos, las empresas solo adjuntaron declaraciones juradas y no documentos que acrediten la veracidad de los datos. Incluso en algunos casos los especialistas  encontraron que el certificado de identificación de las especies que supuestamente se querían exportar indicaba una especie distinta a la autorizada en el permiso. Y hay 23 casos en los se detectaron más de una observación.

¿Cuántas aletas se exportaron con permisos irregulares?

Mongabay Latam analizó los 98 permisos observados por Oceana y concluyó que 153,2 toneladas de aletas de siete diferentes especies de tiburones amenazados fueron exportadas con permisos que no cumplían con las condiciones para ser emitidos.

De las siete especies que fueron exportadas con permisos irregulares, dos están consideradas En Peligro Crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN): el tiburón martillo (Sphyrna lewini) y el tiburón oceánico de puntas blancas (Carcharhinus longimanus). Además, otras dos especies están consideradas En Peligro: el tiburón zorro pelágico (Alopias pelagicus) y el tiburón mako (Isurus oxyrinchus). El tiburón zorro (Alopias vulpinus), el tiburón martillo liso (Sphyrna zygaena) y el tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis) están catalogados como Vulnerables.

¿Cuáles son las empresas involucradas?

Las empresas que presentan más irregularidades son Lamarqocha Inversiones SAC y Angaff Perú SAC, cada una con 35 permisos observados.

La primera de ellas es la principal exportadora de aletas del país y tuvo como proveedor a Mario Maceda Vidal, identificado como uno de los mayores importadores de aletas desde Ecuador. En el 2018, Maceda Vidal fue acusado de integrar la organización criminal Los Piratas de Puerto Pizarro, dedicada al robo de embarcaciones, cuyos presuntos integrantes —peruanos y ecuatorianos— cumplen prisión preventiva por homicidio, robo agravado, lesiones graves, entre otros delitos.

De los 35 permisos otorgados a la empresa Lamarqocha, 13 no contaban con el DENP respectivo y 15 incluían certificados de desembarque que ya habían sido utilizados en otras solicitudes de permisos CITES para exportar tiburones. Además, se encontraron facturas que habían sido utilizadas antes, facturas que detallaban la compra de especies muy diferentes a las que se pretendía exportar y certificados de desembarque que reportaban un volumen menor de tiburones al otorgado en el permiso, entre otras faltas.

Angaff Perú, por su parte, tuvo como proveedor a Poly Dicks Pinto Gonzales, quien junto al subgerente de la empresa Ajansa Perú SAC, Jorge Roldán, fue sentenciado en febrero del 2022 por tráfico ilegal de especies acuáticas en su forma agravada.

De los 35 permisos observados de Angaff Perú, 15 no cuentan con el DENP necesario. Además, 10 tienen certificados de desembarque que indican un volumen de tiburones menor al otorgado en el permiso. En siete se encontraron certificados de desembarque “ruleteados”. Y los demás presentan otro tipo de faltas incluido un caso donde se presentó un certificado de desembarque adulterado en el cual se alteraron las cantidades capturadas por especie.

A Lamarqocha y Angaff Perú se suman otras siete empresas y personas naturales con permisos observados por Oceana, entre ellas Exportaciones JME EIR a la que le corresponde uno de los casos más preocupante. Se trata de un permiso para exportar seis toneladas de aletas secas de tiburón zorro pelágico. La documentación, sin embargo, sustentaba solo el origen legal del 6 % del cargamento total.

Mongabay Latam intentó comunicarse con JME EIRL, pero no obtuvimos respuesta. Una representante de Lamarqocha, que no quiso identificarse, informó que todo lo relacionado a los permisos CITES de exportación debe ser consultado a Produce. Angaff Perú negó las acusaciones pero admitió que tiene un proceso de investigación en curso, por presunto tráfico de aletas, en el norte peruano.

¿Quiénes firmaron los permisos?

De los funcionarios que firmaron estos permisos CITES de exportación entre abril del 2017 y octubre del 2021, ocho pertenecían en ese momento a la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto.

Para saber si la entidad tenía conocimientos de estas irregularidades en la entrega de permisos CITES y la participación de sus funcionarios, Mongabay Latam solicitó una entrevista con un representante del Ministerio de Producción, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. No obstante, a través de un pedido de acceso a la información, Produce respondió que no se inició ningún procedimiento administrativo sancionador a sus funcionarios en el periodo 2017 – 2021 por irregularidades en la entrega de permisos CITES de exportación.

La fiscal en materia ambiental de la provincia de Tumbes, Ina Suarez, aseguró no tener información sobre las observaciones hechas por Oceana, pero agregó que “en el distrito fiscal de Tumbes hemos abierto investigaciones por presunto tráfico de tiburones a funcionarios de la Dirección Regional de Producción de Tumbes y a un funcionario de Sanipes. Son dos casos que están en etapa de acusación”, indicó.

Para el abogado ambiental peruano, César Ipenza, es necesario sancionar a los funcionarios implicados para evitar que las irregularidades sigan ocurriendo y se siga extendiendo una situación que aparenta impunidad.

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